Aunque la Ley de Amnistía del Estado de México fue creada para corregir posibles injusticias y ofrecer una segunda oportunidad a personas que enfrentaron procesos penales en condiciones de vulnerabilidad, obtener este beneficio puede convertirse en un proceso largo y complejo que, en algunos casos, tarda hasta un año antes de que una persona recupere su libertad. Actualmente, cientos de personas privadas de la libertad mantienen la esperanza de acceder a este mecanismo jurídico que busca reparar violaciones a derechos humanos y errores en la impartición de justicia.
La amnistía permite extinguir la acción penal o las sanciones impuestas a determinadas personas procesadas o sentenciadas por ciertos delitos, siempre que se acrediten circunstancias específicas como pobreza extrema, pertenencia a comunidades indígenas sin acceso a intérpretes, defensa inadecuada o vulneraciones graves a derechos humanos durante el proceso judicial. Sin embargo, no todos los casos califican para este beneficio y cada solicitud debe pasar por una exhaustiva revisión legal y administrativa.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), las solicitudes pueden ser promovidas por familiares, representantes legales o colectivos, pero posteriormente deben pasar por etapas de investigación, entrevistas dentro de los centros penitenciarios, análisis de expedientes y revisión de posibles irregularidades procesales. Este procedimiento puede extenderse durante varios meses antes de que exista una resolución definitiva. Tan solo desde la entrada en vigor de la ley, se han recibido más de seis mil solicitudes, aunque únicamente una pequeña parte ha obtenido una resolución favorable.
Organismos defensores de derechos humanos consideran que la amnistía representa una herramienta fundamental para corregir fallas del sistema de justicia y garantizar el acceso efectivo a los derechos de grupos vulnerables. Sin embargo, advierten que la duración de los procedimientos y la complejidad de los requisitos continúan siendo uno de los principales desafíos para quienes buscan recuperar su libertad mediante este mecanismo legal.
