El nombre de Víctor Álvarez Puga, conocido como el rey de las factureras en México, vuelve a ocupar los titulares. El abogado fiscalista, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en un centro de detención migratoria en Miami, Florida, lo que podría abrir la puerta para su extradición a México, donde enfrenta acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
De acuerdo con fuentes del Gobierno mexicano, sobre Álvarez Puga pesa una ficha roja de Interpol y una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR). Su detención por motivos migratorios en Estados Unidos podría ser la oportunidad que necesita la administración de Claudia Sheinbaum para llevarlo ante la justicia.
El símbolo de la impunidad y las redes de corrupción en México
Durante años, Víctor Álvarez Puga construyó una compleja red de empresas fantasma utilizadas para emitir facturas falsas, evadir impuestos y blanquear dinero. Estas compañías operaban bajo esquemas de outsourcing fiscal, ofreciendo servicios simulados a políticos, empresarios y hasta narcotraficantes.
Según la Procuraduría Fiscal de la Federación, el abogado encabezaba una estructura financiera que habría desviado más de 3,000 millones de pesos (alrededor de 145 millones de dólares) de la Secretaría de Gobernación, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Dichos recursos estaban destinados al mejoramiento del sistema penitenciario, pero terminaron en cuentas vinculadas a Álvarez Puga y Gómez Mont.
Las empresas factureras eran meras fachadas, sin empleados ni infraestructura. Solo servían para ocultar el dinero y borrar su rastro, señalan fuentes cercanas al caso.
Inés Gómez Mont y la fortuna construida en la sombra
Mientras la justicia mexicana los buscaba, Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga vivían en el lujo en Estados Unidos. La pareja adquirió una mansión en Miami por 15 millones de dólares, además de propiedades en Palm Beach y un departamento de lujo en Art Plaza, por el que pagaban más de 2,800 dólares mensuales.
Aunque ambos negaron los cargos en su contra, las investigaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito siguieron su curso. En múltiples entrevistas, Gómez Mont se declaró inocente y víctima de persecución política, mientras las autoridades mexicanas consolidaban las pruebas de su participación en el desvío de recursos públicos.
Los nexos con el poder y la protección de las élites
El expediente de Álvarez Puga ha revelado la existencia de vínculos con figuras influyentes del ámbito político y empresarial. Fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) afirman que entre los beneficiarios de las factureras figuraban familiares de exministros, exsecretarios de Estado y miembros de partidos políticos, tanto del PRI como del PAN y Morena.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la investigación enfrentó bloqueos internos dentro del propio gobierno. Se habrían intentado acuerdos que permitirían a Gómez Mont cubrir sus adeudos fiscales y evitar la cárcel, pero el proceso judicial avanzó tras la salida de algunos funcionarios clave.
Víctor Álvarez Puga representa el rostro de un sistema que durante años permitió la evasión fiscal y el lavado de dinero a gran escala en México, señalan analistas en temas de corrupción.
La oportunidad del Gobierno de Claudia Sheinbaum
La detención de Álvarez Puga en Estados Unidos podría convertirse en un precedente de cooperación bilateral en materia de justicia y extradición. En meses recientes, Washington ya deportó a Carlos Treviño, exdirector de Pemex, también acusado de corrupción, por irregularidades migratorias.
De confirmarse su repatriación, el rey de las factureras enfrentaría cargos por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, delitos que podrían significar penas de hasta 40 años de prisión.
El legado del escándalo de las factureras en México
El caso Álvarez Puga Gómez Mont es uno de los más emblemáticos en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Expone cómo las redes de corrupción empresarial y política operaron durante años en México bajo esquemas de empresas fantasma, generando pérdidas millonarias para el Estado.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantienen abiertas varias líneas de investigación sobre factureras en México, un problema que, según el SAT, ha costado al país más de 500 mil millones de pesos en evasión fiscal durante la última década.
